El Gobierno de España se lanza al vacío con su nuevo proyecto de orden de amnistía fiscal, por el cual propondrá una serie de medidas e instrumentos que persiguen regularizar los ingresos no declarados ante Hacienda, es decir, legalizar el dinero negro en poder de las personas y empresas que hasta ahora han cometido un fraude fiscal.

Esta idea, si bien puede generar un efecto positivo a corto plazo sobre la liquidez del sistema al aumentar la masa de dinero en circulación, conlleva implicaciones mucho más profundas desde un punto de vista redistributivo que nos conduce al dilema sobre si es justo eximir a los defraudadores de las ilegalidades que han cometido para ocultar su dinero de Hacienda.

En este caso, no parece justo que mientras millones de familias y empresas han fiscalizado la totalidad de sus ingresos y han tributado por ello de forma honrada, se conceda este privilegio a quienes han aumentado su riqueza acumulando dinero negro. Una aproximación a la definición de amnistía según Wikipedia nos permitirá asimilar mejor esta afirmación:

La amnistía (del griego amnestia, olvido) es una causa de extinción de la responsabilidad penal. Es un acto jurídico, normalmente emanado del poder legislativo, por que una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva.

Así, lejos de premiar a sus contribuyentes más honrados el Gobierno de España convierte a los delincuentes en inocentes sin pagar por sus irregularidades y sin mediar explicación, todo un insulto para quienes con esfuerzo cumplen con exactitud con todas sus obligaciones fiscales.

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